Antonio Morlanes Remiro
PRESIDENTE DE ARAGONEX
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Este último mes del año, además, de todas las celebraciones que por un motivo u otro venimos a festejar, también sucede que debería quedar acordado y terminado algo fundamental para todos nosotros, ciudadanos que habitamos nuestro país: los Presupuestos Generales del Estado. Esta ley, una de las más importantes, debe ser trabajada cada año por nuestros representantes y hacerla realidad.
Debo aceptar, como algo que de vez en cuando sucede, que algún año los políticos de turno no son capaces de hacer su trabajo y nos vemos abocados a permanecer con unos presupuestos prorrogados, es decir, vivir con los del año anterior. Esto que puede resultar anecdótico no es buena cosa, pues muchos de los capítulos ya no se repiten y, en esencia, lo que más se contempla en ellos es el mantenimiento de las estructuras de gestión que tienen las Instituciones del Estado y, créanme, poco más.
Por eso es fundamental que nos mantengamos muy atentos a que los presupuestos terminen aprobándose. El Gobierno los presenta de acuerdo con su propia concepción de cómo debería administrarse el Estado. El Congreso, en primer lugar, y el Senado, después, deben estudiar y negociar todas aquellas modificaciones que consideren que los mejoran, que la Ley acabe haciéndose realidad, y este es el momento en el que nos encontramos.
Hemos venido sufriendo una pandemia, todavía no terminada, que nos obligó a dejar inactivo el país y por ello la economía cayó en picado como hacía mucho que no sucedía. Debo expresar que a diferencia de otras crisis esta fue obligada por nosotros, pues era necesario elegir entre salud y economía y con el mejor criterio optamos por lo primero y dejamos parada la segunda.
El resultado fue que el PIB real se desmoronó en un 10,8%, esto tiene como consecuencia que en estos años 2021, 2022 y 2023 deberemos alcanzar ese porcentaje perdido más todo lo que se debería producir en los cuatro años, es decir, que en el espacio citado (2021-2023) sería aceptable que fuésemos capaces de producir un aumento de nuestro PIB de un 18% tomando como base el de 2019.
Creo que no debería parecernos imposible, pues en este periodo vamos a contar con instrumentos financieros que no hubiésemos pensado tener nunca. En España recibiremos 140.000 millones de euros de la Unión Europea, bien es cierto que parte será como subvención y otra como préstamo, pero no importa, lo más importante es que desarrollemos proyectos productivos que transformen el país en uno diferente, más preparado para hacer frente a futuras crisis, menos desigual y más concienciado en que todos estamos en él y que nadie sobra.
Para el año 2022 se prevé un incremento del 12,2% en inversión de formación bruta de capital, así como, más exportaciones: un 10,3% superior a este año y una caída de la tasa de paro hasta el 14,1%, este dato es el que deberíamos ser capaces de ponerlo en índices mucho más bajos y ese esfuerzo deberemos hacerlo entre todos, cada uno en la parcela que le corresponde, pues un país en el que el empleo sea un elemento normalizado en la vida de sus ciudadanos garantiza una existencia mucho más asentada.
Pero hagamos ahora un repaso de algunos de aquellos capítulos presupuestarios que el Gobierno ha previsto y entregado, para su estudio y revisión, al Congreso de los Diputados. Es importante que no olvidemos que contamos para estos años con la ayuda que la Unión Europea está dando a sus países miembros y que nosotros debemos aprovechar, pues de los fondos que España tuvo destinados del 2008 al 2018 por la Unión Europea, solo fuimos capaces de gestionar un 30%, el resto se perdieron por no usarlos.
Para los presupuestos de 2022 se destinan a Transferencias a otras Administraciones Públicas 70.729 millones de euros, lo que significa un 30% superior al de 2018; en las Subvenciones dedicadas al transporte, el importe es de 2.721 millones de euros, es decir, un 12% más que en el 2018; en Servicios Sociales y Promoción Social se propone un monto de 6.154 millones de euros, es decir un 57% superior al 2018; en Sanidad se dedica 5.434 millones de euros lo que supone un 22% de aumento con respecto al 2018 (teniendo en cuenta que son las Comunidades Autónomas quienes realizan los costes en gestión sanitaria); Educación: este capítulo destina 5.023 millones de euros y aquí es donde se produce un incremento del 47% con relación al 2018, sucede lo mismo que con Sanidad, las Comunidades Autónomas afrontan los costes de gestión; en Pensiones la partida es de 171.165 millones de euros, supone una subida del 15% con respecto al 2018; en Investigación Civil 12.360 millones de euros, aporta un 49% más que en el 2018; Cultura 1.589 millones de euros, se incrementa en un 45% del 2018; Acceso a la vivienda 3.295 millones de euros, una subida del 85% con respecto a 2018; Comercio Turismo y PYMES se destinan 2.932 millones de euros, lo que supone un 70% más que en 2018; Industria y Energía 11.316 millones de euros, un 49% superior a 2018; podríamos continuar con más capítulos, pero considero que esto nos da una fotografía adecuada de lo que van a significar los Presupuestos Generales del Estado para el 2022, ahora lo único importante es ser capaces de hacerlos realidad; se preguntarán por qué he utilizado como comparativa el año 2018, estos son los últimos aprobados por el Gobierno Rajoy, ya que el 2019 y 2020 fueron prorrogados al no contar con el apoyo parlamentario necesario y los de 2021 estaban desfigurados por el paro del año anterior a causa de la pandemia.
Pues bien, entender que los Presupuestos Generales del Estado tienen la importancia fundamental de definir el cómo ha de ser nuestra sociedad y por ende su convivencia, nos lleva a que deberíamos indicar en ellos la preocupación de que nuestros representantes adopten acuerdos, los necesarios, para que no haya un solo año sin presupuestos, tanto es así, que la repercusión de su no aprobación debería llevar implícito el no pago de impuestos, sería una fórmula radical, pero sin duda efectiva.
Haciendo un símil de la propuesta anterior: sería como cuando adoptaron el sistema actual para la elección de Papas, que consiste en encerrar a los cardenales hasta conseguir el sucesor al difunto, hasta entonces podían pasarse años para llegar a conseguir fumata blanca. Hagamos, pues, la Capilla Sixtina de los presupuestos, para que en cónclave los diputados no salgan sin la aprobación de unos.
Presupuestos, por supuesto. Pero además debemos exigir los técnicos más profesionales que sean capaces de gestionarlos adecuadamente y que, con la máxima eficacia, nos hagan llegar el modelo de sociedad que en política se haya definido.
Y, sin duda, si todo esto se cumple cuando llegue el tiempo de elecciones podremos elegir lo más conveniente para nosotros: los ciudadanos, pues tendremos por referencia cómo ha actuado el Gobierno con nuestros ingresos.