El Gobierno de Aragón reitera su disposición a permutar los suelos de Embarcadero para levantar vivienda de alquiler para jóvenes en los barrios
Una carta del consejero Pérez Anadón al concejal de Urbanismo retoma esta propuesta que dejará libre el solar de Casablanca
El Ejecutivo anima a aprobar el planeamiento de la zona y asegura que si se materializan las soluciones se desistirá del procedimiento judicial
El Gobierno de Aragón ha reiterado al Ayuntamiento de Zaragoza su disposición a favorecer la permuta de los suelos de la calle Embarcadero, de manera que la Administración autonómica pueda levantar 226 pisos de alquiler para jóvenes en otras zonas de la capital aragonesa y el consistorio adquiera la capacidad absoluta de decidir el futuro urbanístico del área de intervención U58/1.
Una carta firmada por el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, y dirigida al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, vuelve a apostar por la necesidad de dar soluciones al problema enquistado de la calle Embarcadero, después de casi tres años de demora en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el consistorio de la capital aragonesa para poner en uso social esos suelos.
Solventar necesidades de los jóvenes
En la misiva, Pérez Anadón, hace referencia a los incumplimientos tanto del convenio de 2020 como de la bilateral de 2021, que han impedido hasta ahora aprobar el planeamiento pendiente e impulsar otros proyectos que dieran solución al problema habitacional de los jóvenes, que representan el sector de población más afectado por la superposición de crisis que se suceden desde 2008.
El Gobierno de Aragón recuerda además que la firma del convenio de marzo de 2020 da lugar a una figura contractual que genera derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Por eso vuelve a animar al titular de Urbanismo de Zaragoza a continuar con los trámites urbanísticos para aprobar definitivamente el plan especial de Embarcadero. En el mismo sentido, recalca que la posibilidad de pactar una permuta tampoco es óbice para cumplir la Ley de Urbanismo de Aragón.
Por eso, el consejero de Hacienda retoma la propuesta de la permuta que trasladó a Serrano el pasado mes de noviembre al entenderla “equilibrada” en lo que respecta al valor de los suelos y asumiendo que la primera respuesta del titular de Urbanismo no fue de rechazo, ya que aseguró que podía ser “aceptable con algún ajuste”. Bien es verdad, reconoce el responsable del Ejecutivo, que después el ayuntamiento puso trabas a la permuta por cuanto estas operaciones suponen una carga fiscal para las partes, aunque desconoce si ha variado la posición municipal.
Respuesta rápida
Pérez Anadón recalca la política de mano tendida que, a su juicio, nunca ha dejado de existir en las decisiones de la DGA, y pide a Víctor Serrano una respuesta rápida, en un plazo de diez días, sobre las posibilidades de abundar en la permuta. Esta solución permitiría al Ayuntamiento de Zaragoza ser titular de los suelos del Gobierno de Aragón en la calle Embarcadero de manera inmediata y, con ello, estar en disposición de dar la respuesta que considere oportuna a las demandas vecinales, de las que el propio Serrano dijo que “tenían fundamento” a la vez que aseguró que la decisión del consistorio estaría basada única y exclusivamente en el interés público, que pasa por atender las demandas de los vecinos.
El consejero de Hacienda pide además que su carta se incorpore el expediente de la calle Embarcadero para la aprobación del Plan Especial, como contestación a las alegaciones vecinales, que recibió el Gobierno de Aragón con más de un año de retraso y con una invitación para su contestación.
Finalmente, el Gobierno de Aragón recuerda que la interposición de una reclamación judicial sobre la calle Embarcadero es compatible con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de permuta, (recuerda que ha sido una práctica habitual del Ayuntamiento de Zaragoza cuando ha mantenido desacuerdos con la DGA) y que, en caso de que se produjera, supondría la inmediata retirada de las susodichas acciones judiciales.
Fuente: Gobierno de Aragón
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