Aprobada la Ley de Economía Social, un paso más en el impulso del sector en Aragón

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves la Ley de Economía Social de Aragón, una norma impulsada por el Gobierno de Aragón y diseñada en colaboración con el propio sector, que pretende fomentar, regular y visibilizar este tipo de economía, y dar respuesta a su creciente relevancia en nuestro territorio. 

Todo ello, reconociendo su importante aportación a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible. La aprobación de esta ley se enmarca dentro de la apuesta del Ejecutivo Autonómico por promover este sector y refuerza al Plan de Impulso lanzado este mismo verano con 70 acciones concretas hasta 2025, que también fueron definidas en un proceso participativo desarrollado en las tres provincias aragonesas junto al sector.

Entre esas 70 medidas que el departamento de Economía, Planificación y Empleo ya está llevando a cabo destaca, por ejemplo, el programa de aceleración empresarial ideado específicamente para iniciativas de economía social innovadoras, bautizado como IMPACT, que comienza este viernes tras la selección de los seis proyectos participantes. Además, Aragón Exterior está elaborando ya un plan de acompañamiento en materia de internacionalización dirigido específicamente a este tipo de entidades.

También figuran en ese listado de medidas múltiples jornadas y acciones de difusión junto a organismos como los Colegios de Graduados Sociales y de Gestores Administrativos, financiación específica a través de SODIAR, las diversas líneas de ayudas del INAEM e incentivos fiscales de 4.000 euros en materia de IRPF, en concepto de deducción por inversión en entidades de la economía social. Además, se está ultimando un acuerdo con las cooperativas de crédito para facilitar la implantación de nuevos proyectos de este tipo.

El próximo 12 de diciembre la Cátedra de Economía Social y Cooperativas de la Universidad de Zaragoza, financiada por el departamento de Economía, presentará un nuevo informe sobre la situación de la economía social en Aragón. 

Según su último estudio, este sector está compuesto en nuestra Comunidad por 5.218 organizaciones, un número que, a pesar de la pandemia, ha continuado creciendo, manteniendo la clara evolución positiva de los últimos años. De esta forma, las diversas entidades de economía social representan el 5,75% del total de las empresas aragonesas y emplea directamente a cerca de 20.496 personas.

Toda la información sobre el Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social está disponible en la página web: https://www.aragon.es/-/economia-social Allí figura también el canal de contacto directo para poder realizar sugerencias y aportaciones a esta estrategia dinámica que complementa a la ley aprobada este jueves.

Los tres pilares de la ley

La Ley de Economía Social se basa en tres aspectos claves. El primero de ellos es el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo, poniendo en valor este sector económico.

En segundo lugar, permite coordinar e instrumentar las políticas y medidas de apoyo, incluidas las económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector. Unas políticas que, para lograr la máxima eficacia y eficiencia, se recogen en el Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social, puesto en marcha este verano.

Como tercer pilar, la norma apuesta por integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la creación del Consejo Aragonés de la Economía Social, que permitirá aportar soluciones al panorama sociolaboral y estimular la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas.

Una norma necesaria

La economía social engloba distintas actividades económicas y empresariales desarrolladas por entidades que se caracterizan por el respeto a valores comunes y cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera, sino los beneficios para toda la sociedad. La necesidad de elaborar una ley que dote de un marco normativo adecuado al sector ha quedado patente en los últimos años, ligada a la creciente importancia de entidades como las cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción o centro especiales de empleo en la creación de puestos de trabajo y en la resolución de problemas sociales.

Por ello, en la pasada legislatura ya se aprobó un proyecto de Ley de Economía Social de Aragón en noviembre de 2018, que fue remitido a las Cortes de Aragón. El proyecto de ley se hallaba en fase de tramitación parlamentaria cuando las Cortes de Aragón expiraron su mandato sin que finalmente se aprobara.

Ya en la actual legislatura, en noviembre de 2019, se puso en marcha el Grupo de Trabajo de Economía Social para la elaboración de un nuevo anteproyecto basado en el anterior. En el grupo de trabajo, además de distintos miembros del Gobierno de Aragón, participanron representantes de la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, la Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (ASES), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS), la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI), la Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual (ARADIS), el Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (OADI) y la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza.

Tras todos los trámites necesarios, se aprobó el proyecto de Ley de Economía Social de Aragón en Consejo de Gobierno el 14 de julio de 2021 y fue remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria, que ha concluido este jueves con la aprobación de la norma.

Fuente: Gobierno de Aragón