Dónde y cómo vivir. Un viaje al imposible

La convivencia en una sociedad, para que sea real, debe cumplir con una serie de requisitos que posibiliten a todos sus miembros sentir que pertenecen a ella. No cabe duda de que el respeto a los derechos individuales debe conjugarse con el cumplimiento de preservar los intereses del conjunto. Por supuesto, uno de esos derechos individuales es la necesidad de disponer de una vivienda; es imposible lograr esa pertenencia social sin este requisito.
Si lo entendemos así, entonces es imprescindible que todos nos impliquemos en buscar una solución a este derecho individual. Sin duda, cada uno deberá hacerlo de acuerdo con sus posibilidades y responsabilidades. Y aclaro: las administraciones públicas se encuentran entre quienes deben asumir el papel de responsables en generar soluciones, mientras que nosotros, los ciudadanos, somos quienes debemos ejercer la facultad de exigir dicho cumplimiento a quienes hemos elegido y en quienes hemos depositado nuestra confianza para dirigir esta sociedad de la mejor manera posible. Por tanto, nadie debe quedarse al margen, con cualquier excusa, de encontrar una salida a esta necesaria demanda.
Pero para entender bien de lo que estamos hablando, presentemos un panorama de cómo está la situación de habitabilidad en estos momentos en este país. El cierre del año 2023 nos indica que existe un total de 26.623.708 viviendas; el 66,7% son unifamiliares, el 25,3% corresponden a bloques de pisos y el 8% a unifamiliares adosados. La propiedad representa el 75,5% y el alquiler el 16,1%. El 30% de las viviendas tiene más de 70 años y casi el 20% presenta problemas de aislamiento. El 75% tiene una superficie útil de entre 45 y 105 metros cuadrados. Un dato curioso, según el INE, es que aquellas viviendas que están habitadas menos de 15 días al año, es decir, las viviendas vacías, suponen un 14,5%, lo que equivale a 3.850.000 viviendas.
Ahora, veamos el panorama total de acuerdo con los datos del INE: 19,3 millones de viviendas tienen un uso intensivo, 940.000 tienen un uso inferior a un mes, 2,5 millones tienen un uso esporádico y, finalmente, están las viviendas vacías ya mencionadas. La mayoría de los hogares (28,1%) están habitados por dos personas; los hogares de una sola persona representan el 18,8%, y la mitad de ellos son personas mayores de 65 años, de las cuales el 70% son mujeres.
Podríamos continuar aportando información sobre las viviendas, pero creo que ya tenemos una visión más que suficiente sobre la situación de algo tan fundamental para nuestras vidas como es el lugar donde vivimos. Ahora, lo que importa es que existe una demanda de vivienda muy importante, especialmente en el ámbito del alquiler, sobre todo por parte de personas jóvenes que necesitan independizarse para conformar su propia existencia. Pero, ¿cómo hacer frente a los precios que el mercado está estableciendo? Es muy difícil, especialmente porque los fondos de inversión han asumido el liderazgo en el sector de la propiedad inmobiliaria.

Es necesario que se ofrezca mucha más vivienda social, tarea que corresponde a las administraciones públicas. Sin duda, este incremento permitirá que los precios bajen, ya que el equilibrio entre la demanda y la oferta es clave en este negocio, que debe ser más social que económico. Podemos aceptar que, en una economía familiar, un modelo de ahorro consista en la compra de una segunda vivienda y que ello permita un incremento lógico de los ingresos. Lo que es menos aceptable es el papel de los grandes tenedores de viviendas, como los fondos de inversión. Lo que hacen para rentabilizar su capital es una doble paradoja: por una parte, al incrementar los precios, afectan negativamente los ingresos de los arrendatarios, lo que disminuye su capacidad de consumo, perjudicando así a la economía productiva. Por otra parte, los capitales que gestionan no ingresan en dicha economía, ya que al destinarse exclusivamente a una función de depósito, generan inactividad, lejos de una riqueza redistributiva.
Para terminar con este despropósito, debemos mencionar también que en España existen un total de 350.000 viviendas turísticas, una cifra que ha ido incrementándose por encima de lo necesario. Esto provoca un aumento en el precio del alquiler, disminuye la oferta y, por último, genera competencia desleal con la hostelería, ya que estas viviendas no generan puestos de trabajo y, en un alto porcentaje, producen dinero negro, es decir, no pagan impuestos.
En definitiva, es necesario que todos nos tomemos con mucha seriedad algo tan importante como el sector de la vivienda. Debemos entender el verdadero sentido del negocio inmobiliario dentro de la economía productiva, lejos de la especulación, y asimilar que la vivienda es un derecho que, además, está consagrado constitucionalmente para todos los ciudadanos que conformamos esta España en la que vivimos.